Ofensiva judicial contra las construcciones ilegales en la provincia

Diario Hoy

Gracias a la reciente especialización de la Guardia Civil y de la Fiscalía, en la actualidad se siguen más de 40 procedimientos judiciales cuando en el año 2006 sólo había una causa

Aviso para los que construyen su "casita de campo". Cuidado con las nuevas leyes

En la provincia de Cáceres hay numerosos parajes de gran belleza, espacios protegidos en los que a muchos les gustaría hacerse una casa, y la realidad es que en esos sitios se han construido miles de viviendas ilegales. Los interesados compraban los terrenos y sin pedir licencia alguna se ponían a construir. Esa ilegalidad, prácticamente ha terminado.
El origen de que por fin se cumpla la ley en el campo, se debe a que hace un año, en marzo del 2007 se crearon las unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la delincuencia urbanística. La dirección general de la Policía y la Guardia Civil, repartió por toda España a 194 agentes especializados en investigar las infracciones penales relacionadas con el desarrollo urbanístico y su impacto en el medio ambiente. Tres de esos agentes comenzaron a investigar las construcciones ilegales que hay en la provincia, deteniendo a los promotores que eran sorprendidos, nunca mejor dicho, con la manos en la masa. Los guardias han contado con el apoyo de la Fiscalía de Cáceres, que desde el año 2006 tiene al fiscal Juan Antonio Galán especializado en perseguir los delitos de ordenación del territorio.
La especialización de la Guardia Civil y la Fiscalía ha dado sus frutos. En el año 2005 en los tribunales de la provincia sólo había un procedimiento por una construcción ilegal, en el año 2006 hubo otro caso; pero en el año 2007 los procedimientos ya fueron 40.
Segunda vivienda
Juan Antonio Galán señala que la mayoría de los casos se han detectado en la zona norte de la provincia, « la razón -explica-, es que la actuación que realiza la nueva unidad de la Guardia Civil se concentra en las zonas de especial protección de aves y la zona que está comprendida en la Red Natura 2.000, que es en casi su totalidad el valle de El Jerte, La Vera, la mayor parte de Las Hurdes y Sierra de Gata».
De los cuarenta casos que están pendiente de juicio, el fiscal indica que la mayoría son casos de segunda vivienda, personas que viven por ejemplo en Plasencia y tienen una casa de recreo en La Vera. Se da el caso de los que cometen la ilegalidad pensando en enriquecerse con un negocio de turismo rural. De los 40 casos hay cuatro de apartamentos turísticos y casas rurales. También hay unos tres casos de naves industriales de ganado ilegales.
La Justicia puede perseguir a los que han construido ilegalmente en los últimos tres años, ya que más allá de ese tiempo el delito prescribe; pero la Guardia Civil está actualmente deteniendo a los promotores y dueños de terrenos que están levantando las construcciones sin permisos. Tienen tanto trabajo que por ahora no persiguen a los que ya han terminado la construcción de la vivienda. Por ahora centran su ataque a los que están construyendo.
Hay afectados que alegan desconocimiento, pero eso no les exime de culpa. «Todo el mundo sabe que para edificar se necesita una licencia municipal -señala el fiscal-. Para realizar un pozo, una pequeña caseta, para poner una alambrada hace falta licencia municipal y según el sitio, también de la Junta de Extremadura. Ahora se persiguen, sobre todo, los casos de viviendas y chales, en los que hace falta una licencia municipal de obras, un proyecto técnico y si es una zona protegida un informe del impacto ambiental ante la Junta».
Dos casos
Se espera que cuando termine la huelga de los funcionarios de Justicia, se sucedan los juicios por levantar construcciones ilegales. Galán, que no duda de que los jueces ordenarán en sus sentencias el derribo de las viviendas, ya ha elaborado cinco acusaciones.
Un caso es el de la propietaria de dos parcelas rústicas de Casas del Castañar de unos 3.000 metros cuadrados. En el 2006 ella y su compañero comenzaron a construir una vivienda unifamiliar de dos plantas, otra vivienda de una planta, una cochera, una piscina con depuradora, un pozo de agua y una barbacoa. Las hicieron sin tener proyecto técnico y sin licencia municipal. Edificaron en suelo no urbanizable protegido. El ayuntamiento de Casas del Castañar les ordenó en julio de 2007 que pararan las obras, pero siguieron. El fiscal tiene previsto solicitar para cada uno de los acusados 2 años y 3 meses de prisión, que tiren las edificaciones, y pagar 400 euros de multa.
El otro caso ocurrió en El Torno. Julián J. C. compró en 2006 dos parcelas en El Torno de unos 7.000 metros cuadrados. En enero de 2007 comenzó a construir una vivienda de dos plantas, con una superficie de 176 metros cuadrados cada una, más una terraza de 46. El chalé se hizo sin proyecto técnico y sin licencia municipal, y en un paraje incluido en los espacios de la Red Natura 2000. El fiscal tiene previsto solicitar al tribunal que se tire el chalé, y que Julián y el constructor sean condenados cada uno a un año y medio de prisión y pagar 400 euros de multa. Además de inhabilitarles dos años para el ejercicio de la construcción.